Por Salvador Pimentel Roja
Madrid 29 de octubre de 2026
Si hay algo que facilita al chisme es una mesa de dominó, se habla de todo mientras se reclama la ficha mal jugada o “cabra”, el doble que no salió, juegas mal, etc. Hay una sola cosa que no se discute, la anotación. Si el anotador juega para el equipo contrario, la partida deja de ser partida y se convierte en un acto de fe. Las elecciones funcionan igual. Importa menos quién grita fraude que quién cuenta, con qué papeles y ante quién se puede reclamar. Si no me creen pregúntense de dónde viene aquello de “acta mata votos”.
Detrás de todo esto hay un derecho que se invoca poco y se vulnera mucho: el de cada ciudadano a participar en los asuntos públicos de su país. Aunque parece un ideal más que un derecho, no es un adorno retórico. La Declaración Universal dice en su artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo desglosa en tres facultades (votar, ser elegido y acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas). La Convención Americana lo repite en su artículo 23 y la Carta Democrática Interamericana lo eleva a elemento esencial de la democracia. La Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos añade lo que casi nadie recuerda: elecciones auténticas exigen una autoridad electoral independiente, escrutinio verificable y un recurso efectivo.
De ahí se deduce algo que los poderosos prefieren olvidar. La participación solo existe si el resultado puede cambiar. Un cargo que no se puede perder deja de ser mandato y se vuelve propiedad.
Participar no es solo meter un papel en una urna. Es poder opinar sin que te encarcelen, fundar un partido sin pedir permiso, observar el escrutinio, criticar al presidente y ver a la oposición ganar una gobernación sin que se la quiten por decreto.
Cuba firmó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en 2008, no lo ha ratificado porque prefiere no obligarse. El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a la calle a decir lo que no podían decir en ninguna encuesta, y cientos fueron procesados. Cuando el derecho a participar se cierra por la puerta, se abre por la calle, y la calle sale cara. Vaya que lo tenemos claro porque al igual que en Cuba, los costes fueron altísimos en vidas y arrestos durante las Guarimbas. Denominamos a ese movimiento “La Salida” e irónicamente “La Salida” para millones fue Maiquetía y no precisamente para ver la obra de Carlos Cruz-Diez.
Venezuela vulnera ese derecho en sus tres dimensiones. ① Votar: en 2021, la misión de observación de la Unión Europea advirtió que, con casi seis millones de emigrados, el registro electoral solo contenía 107.967 votantes en el exterior y además piden tener cédulas a sabiendas de que ese documento solo se expide en Venezuela, yo fui uno de los que no voté. ② Ser elegido: en 2011 la Corte Interamericana resolvió en el caso Leopoldo López que una inhabilitación administrativa viola el artículo 23 de la Convención, y aun así el mecanismo se usó para cerrar el paso a María Corina Machado y empujar a la oposición a pactar con algún alacrán, afortunadamente elegimos a Edmundo González, y; ③ Que el voto cuente: Es historia; el CNE proclamó a Maduro sin publicar nunca las actas desglosadas, mientras la oposición exhibía cerca del 83 % de ellas con una victoria amplia de González.
Aquí sí que operó la reposición de la situación jurídica infringida con el desconocimiento del gobierno por muchos países, más aún; después de que el Centro Carter dijo que la elección no cumplió estándares de integridad y no podía considerarse democrática; un panel de expertos de la ONU señaló la falta de transparencia y ello dio inicio a la captura del dictador.
Ya dije lo bueno, ahora vamos a lo que desmiente la versión cómoda. Maduro no fue derrocado por los votos sino capturado por Narcotraficante. El sistema que contó aquellos votos sigue en pie. Delcy Rodríguez es parte del gobierno de Maduro y gobierna como presidenta encargada por designación del TSJ, González vive en el exilio y los venezolanos volvimos a la calle para pedir algo tan modesto como una fecha electoral. Cayó el principal beneficiario del resultado; pero con una presidenta encargada de iure pese a que proviene de una vicepresidencia de facto el resultado nunca ha sido corregido.
¿Qué exige entonces el derecho a participar hoy en Venezuela? Cronograma, árbitro renovado, un registro que incluya a quienes nos fuimos, actas publicadas mesa por mesa, observación internacional con acceso real y candidaturas sin inhabilitaciones administrativas. No es una lista de lujos, es el contenido mínimo del artículo 25.
El problema no tiene un solo color ni un solo continente, en nuestra región tiene dos nombres. Fidel Castro gobernó Cuba casi medio siglo, entregó el mando a su hermano, que lo retuvo hasta 2018; la Constitución cubana consagra al Partido Comunista como fuerza dirigente y no existe competencia entre proyectos políticos. Hugo Chávez llegó en 1999, perdió en 2007 el referéndum que le habría dado la reelección indefinida, volvió a convocarlo en 2009 y según parece lo ganó; su heredero gobernó trece años más. Casi veintisiete años de chavismo sin interrupción. No están solos. Gadafi mandó cuarenta y dos años en Libia, Mugabe treinta y siete en Zimbabue, Lukashenko lleva más de tres décadas en Bielorrusia y Putin desde 2000, alternó presidencia y primer ministerio y reinició el reloj constitucional en 2020. Todos llegaron con apoyo y se quedaron sin permiso. Lo denominado « Legitimación de origen ».
La factura la pagan los pueblos. Según cifras oficiales cubanas, la isla perdió 245.264 habitantes por migración solo en 2025 y su población cayó 16 % desde 2017, con estimaciones independientes de hasta 24 %: el mayor éxodo de su historia. De Venezuela nos hemos ido cerca de diez millones de personas, según la plataforma R4V de la ONU, uno de los mayores éxodos del mundo fuera de una guerra. Médicos, maestros, ingenieros, abuelos que quedaron al otro lado de una pantalla. ¿Votaron mal esos pueblos? Cuatro, cinco, seis décadas de las mismas manos producen sociedades que no se corrigen, porque la corrección se llama alternancia y alguien la prohibió.
En Venezuela, además, el mandato dura seis años y hasta 2009 permitía una sola reelección inmediata. Seis años es mucho tiempo para equivocarse sin pagar. México tiene el mismo plazo, pero lo compensa con una prohibición absoluta de reelección; Venezuela lo combinó con la reelección indefinida y con la anulación de la válvula de escape. El constituyente de 1999 creó el referéndum revocatorio para corregir a mitad de camino, y en 2016 el CNE lo frenó cuando se pidió contra Maduro. Un mandato largo sin válvula de corrección es una apuesta a que el gobernante nunca falle.
Karl Popper lo resumió sin adornos: lo que distingue a una democracia de una tiranía no es quién gobierna, sino si los gobernados pueden despedir a sus gobernantes sin derramar sangre. Cuba y Venezuela conocen la otra mitad de la frase. Cuando el despido no es posible, los inconformes se van, se callan o se alzan, y los tres caminos empobrecen al país. Alternar es la forma más barata de corregir errores y la más cara, y la paga la gente corriente con su libertad, con su salario, con su salud y, demasiadas veces, con su exilio.
La técnica es la misma y se ve cada vez más. Chávez reinició el contador con la Constitución de 1999 y borró los límites con la enmienda de 2009; Putin puso el suyo a cero en 2020; Kabila convirtió el fin de su mandato en un deslizamiento de dos años, de 2016 a 2018. Hoy es Tshisekedi quien ensaya la fórmula en la República Democrática del Congo. No reforma una ley electoral, lo disfraza aprobando parlamentariamente una ley de referéndum convalidada por el Tribunal Constitucional pese a que el artículo 220 de la Constitución declara intangibles el número y la duración de los mandatos presidenciales. La oposición, la Iglesia católica y la sociedad civil sostienen que abre la puerta a una constitución nueva que no cuente los mandatos anteriores. Él dijo en mayo que no ha pedido un tercer mandato, que lo aceptará si el pueblo lo quiere y que la guerra con el M23 podría impedir las elecciones de 2028. Esta semana llegó a Moscú para la cumbre Rusia-África, con una reunión prevista con Putin. Todo aquel que ensaya reglas nuevas para quedarse se olvida del Derecho Humano a la Participación Política, y hace bien en mirar a quién se acerca…
Del otro extremo, Colombia muestra el camino inverso. En 2010 su Corte Constitucional derogó la ley de referéndum para una segunda reelección de Uribe, y en 2015 el país eliminó la reelección presidencial. En 2021, a petición de Colombia, la Corte Interamericana resolvió en la Opinión Consultiva OC-28/21 que la reelección indefinida no es un derecho humano y desnaturaliza la democracia representativa. Alternar no es una concesión de quien gobierna sino un derecho de quien vota.
Respetando las distancias, España llega a las elecciones del 29 de noviembre con consignas contra el voto por correo. Díaz Ayuso y Abascal aconsejaron no usarlo, la Junta Electoral Central rechazó los controles extra de PP y Vox y seguimos al ruedo.
Particularmente, no me gusta el sistema europeo en este punto, y lo digo sabiendo que no es popular. No equiparo a Pedro Sánchez con Castro. Pero un sistema que no limita el tiempo de primeros ministros ni de diputados permite carreras de medio siglo. Por ejemplo en Alemania, Wolfgang Schäuble fue diputado 51 años seguidos, Sánchez en España lleva ocho años en La Moncloa y pide otros cuatro; no es ilegal ni comparable con la reelección indefinida venezolana, pero una sociedad en la que no cambian los apellidos, tampoco avanza ni abre a nuevas ideas sino que aprende a reproducirse sin que nadie la elija. Una democracia sana renueva rostros, no solo discursos y en España no se ha renovado ninguna de las dos.
Sus defensores responderán que el votante siempre puede echar a quien no le guste y que la experiencia parlamentaria sirve. Es cierto en teoría. En la práctica, Kohl y Merkel gobernaron dieciséis años cada uno y Felipe González trece y medio; los tres acabaron saliendo, pero tras mandatos tan largos que una generación entera creció sin conocer otro jefe de Gobierno. Defiendo lo contrario: el límite no insulta la experiencia, la protege de convertirse en costumbre.
Lo previsible: un TSE que rechaza la nulidad, una Venezuela que oscila entre una fecha electoral y una transición sin fin, semanas de regateo en Israel, un 29N en que España se juzgará por la confianza posterior más que por la urna, y un referéndum congolés con la guerra como pretexto. Nada de eso es fatal.
En el dominó se pierde con dignidad cuando el anotador juega limpio. La democracia empieza ahí: en que quien gana sepa que puede perder, en que quien pierde pueda comprobarlo y en que ningún ciudadano pierda el derecho de decidir quién lo gobierna. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el Poder. El Pueblo se acostumbra a obedecerle, y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía» Simón Bolívar, Discurso de Angostura (1819).