Como venezolano residente en España, me preocupo por la historia, quiero decir con esto que
soy de aquellos que conocemos esta película porque la hemos protagonizado, y por eso
reconocemos los primeros fotogramas aunque ahora se rueden en Madrid.
Latitudes distintas, igual inicio; una causa justa, un adversario señalado y la promesa de que el
Estado vendrá a poner orden en nombre del débil. No se trata de equiparar una plaza con un
régimen ni de decir que los acampados de Puerta Del Sol quieran ser Caracas. Se trata de
advertir que quien ya vio adónde conduce esa gramática tiene la obligación de decirlo a
tiempo, mientras todavía se discute con pancartas y no con decretos.
La vivienda es un derecho. Conviene decirlo sin rodeos, quien lo discute pierde el debate antes
de empezar. Pero un derecho no se garantiza agrediendo al propietario, invadiendo inmuebles
ni dejando de pagar el alquiler. Esos son atajos que destruyen justo lo que dicen proteger, y de
esa confusión vive hoy una parte de la izquierda, que ha convertido la Puerta Del Sol en el
escaparate de su mayor problema electoral a pocas semanas del 29N.
El desgaste de quien gobierna se hace visible incluso antes de hablar de Puerta Del Sol, hay
que hablar de gestión. Un Gobierno con todo el aparato del Estado ha visto derogados
decretos de vivienda durante el año, otro bloqueado desde julio y un tercero tumbado en el
Congreso a los pocos días de nacer. Eso es desgaste, no mala suerte.
Un Ejecutivo que sobrevive negociando con socios que se disputan el mismo espacio y que
llega a las urnas sin una solución que enseñar, es imagen de cuando un problema se arrastra
durante años y la respuesta llega siempre tarde y a golpe de protesta, el ciudadano no ve
sensibilidad social, ve incapacidad. El discurso de “antes no, ahora si es el momento”, agota y
estamos agotados, además Chávez y maduro nos lo repetían elección tras elección.
La imagen como diagnóstico es una de las mayores causas de repulsión. El ciudadano
moderado no lee decretos, lee escenas, mas aun cuando estas escenas tienen como
consecuencia limitar o menoscabar el Derecho a la Propiedad, que si bien en este caso está
asociado al Derecho a la Vivienda, no es menos cierto que deben coexistir sin necesidad de
intervención abusiva, sin extremos. Para ello solo hace falta mínimos controles y alejarse del
estimulo a invasiones que tanto daño hizo a Venezuela de la mano de Hugo Chávez.
La escena de Madrid es la de una plaza ocupada de forma indefinida, consignas de otra época
y una desconfianza explícita hacia las instituciones a las que luego se exige que lo resuelvan
todo. La Comunidad de Madrid asegura que el comercio del centro está paralizado de facto. En
el fondo, el pequeño comerciante seguramente se pregunta quién compensará sus ventas
perdidas y eso también es economía social. El que más ahoga no es el mercado, es la
incertidumbre que genera quien debería garantizar el orden.
Ahora me pregunto ¿Esa estética cohesiona al núcleo fiel comunista y deja al resto en la
grada? Electoralmente al parecer es asi, pero en Derecho es mucho peor porque estamos en el
vivo retrato de cercenar derechos del propietario para satisfacer el derecho a la vivienda.
Ambos son derechos humanos de distinta generación, la propiedad como derecho civil de
primera generación y la vivienda como derecho económico y social de segunda, y ninguno
puede digerir al otro porque estaríamos en una conducta casi famélica que justificará nuevas
acciones en escenarios jurídicos muy sensibles.
Por dar un par de ejemplos históricos, Cuba y Venezuela. Fidel Castro llegó al poder en 1959
prometiendo elecciones y la restitución de la Constitución de 1940, prometió libertad al
pueblo cubano, aseguró que no era comunista; dos años después se proclamó marxista-
leninista, y en 1960 su Ley de Reforma Urbana liquidó el mercado de alquiler. Chávez, en 1998,
tampoco anunció el socialismo con el que gobernaría años después y ya sabemos cómo
terminó todo. Las causas justas suelen presentarse moderadas al principio, y que por eso
conviene mirar adónde apuntan sus consecuencias y no solo sus consignas.
La conclusión más demoledora es que se sacrifica derecho por politiquería, quien no sabe
ordenar una plaza difícilmente sabrá ordenar un país. La percepción de incapacidad de gestión
es el verdadero techo, y se construye imagen a imagen.
El espejo de Caracas en España es el precedente y ofrece un dato concreto. En 2011 el
chavismo aprobó una ley contra los desalojos y la desocupación arbitraria de viviendas, con la
promesa de proteger al inquilino frente al propietario. El resultado fue el contrario: el pequeño
arrendador dejó de arrendar, la oferta se contrajo, el mercado se secó y el Estado terminó
convertido en casero y expropiador. Cuando se debilita la seguridad jurídica de quien pone la
casa, el que más sufre es quien busca casa y no hay una Misión Vivienda Ibérica que pueda
cubrir ese espacio.
Pero la lógica política es reconocible: si el impago o la ocupación quedan en una zona gris sin
consecuencias efectivas, el mensaje al propietario es inequívoco, más vale no alquilar. Y quien
no alquila deja sin techo al que decía proteger. Además habrá una razón para invadir o no
pagar alquiler ¡no hay razón para no hacerlo!
Esa lógica tiene historia. Podemos que es el máximo impulsor de esa acampada, nació mirando
a Caracas y nutriéndose de Venezuela, fue durante años aliado político del chavismo y de
Maduro, después socio del PSOE en el Gobierno. Las consecuencias de ambas alianzas se
parecen más de lo que sus protagonistas admiten: en Venezuela, la ruina y el éxodo; en
España, la erosión constante de un partido que pasó de casi setenta escaños en 2015 a no
tener grupo parlamentario propio o convertirse en extraparlamentario en pocas semanas.
El que madruga y el que espera es el origen de discusión común en Caracas y ahora en Madrid.
Aquí está la grieta cultural. De un lado, el trabajador, el autónomo y el empresario que abre la
persiana antes de que amanezca y cierra tras la última factura. Del otro, un grupo que vive del
entramado de ayudas que con demasiada frecuencia no pide nada a cambio ni tiene horizonte
de salida.
La pregunta es legítima y no apunta a nadie en concreto: ¿cuánta gente joven y en plena
capacidad de trabajar vive en una dependencia prolongada de la subvención, convertida en
una especie de jubilación prematura? ¿Y cuánto de esa fidelidad se cultiva políticamente? Una
ayuda que se tramita, se renueva y se agradece con el voto deja de ser protección y pasa a ser
clientela. La política social seria prepara para salir, no para quedarse. Quien la recibe merece
algo mejor que una dependencia que lo hace útil para un partido y prescindible para la
economía.
La red de protección debe existir, con puertas de entrada y de salida, y quien la financia con su
esfuerzo debe dejar de sentirse el tonto del sistema, más aún ante el descarado es convocar
un paro laboral teniendo semanas acampando y sin trabajar. El trabajo también es un derecho
humano, el tema es que no todos lo reclaman de la misma forma que el caso de la vivienda
invadida.
La vivienda es un derecho. Se garantiza construyendo, dando seguridad jurídica, ayudando a
quien lo necesita y respetando al que invierte sobre el marco del combate a la especulación
que es la única regulación aplicable. Pisotear al propietario o normalizar las invasiones deja de
ser una causa justa, es el camino más corto hacia el deterioro social.
Los derechos tienen limites, el problema es que cada quien lo estira hasta donde puede, he
aquí la diferencia entre juristas y políticos, el Derecho no es conveniencia, es convivencia. «El
hombre es bueno por naturaleza; es la sociedad quien lo corrompe». Juan Jacobo Rousseau