Por Dr. Salvador Pimentel Roja
Este 18 de abril de 2026, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) cumplió 80 años desde su sesión inaugural en La Haya. Nacida del Capítulo XIV de la Carta de la ONU y de su Estatuto, surgió como respuesta a las reclamaciones entre Estados, frente al horror de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Núremberg fueron una de sus fuentes morales y jurídicas más claras, y comenzó a diferenciarse con mayor nitidez el derecho internacional público del privado, gracias a la creación de instancias a las que recurrir en uno u otro caso.
La CIJ “resuelve” disputas entre Estados. La Corte Penal Internacional (CPI), en cambio, juzga a individuos por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Ambas, sin embargo, comparten el mismo drama: la lentitud exasperante y la obsolescencia creciente. La CPI, con casi 25 años de vida, va por el mismo camino de burocracia estéril que la CIJ. Ninguna devuelve la dignidad a las víctimas, y si lo hacen, es a destiempo. Probablemente, en esta década condenen a Herodes Antipas por decapitar a Juan el Bautista.
Aunque litigo en estos organismos, cada día me decepcionan más. La CIJ o se actualiza de verdad o no llegará a los 100 años, quizá ni a los 81 si seguimos en este bucle. Los juicios ordinarios tardan al menos un cuarto de siglo y las sentencias, cuando llegan, son frecuentemente ignoradas por los Estados. Por ejemplo, en marzo de 2022, la CIJ ordenó a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania, tras la demanda presentada por Kiev invocando la Convención sobre Genocidio. Rusia no solo ignoró la orden, sino que continuó la invasión y utilizó su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier resolución que intentase reforzar o hacer efectiva esa decisión internacional.
La CPI no escapa a esta realidad. En marzo de 2023, declaró fugitivo al propio Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra, emitiendo una orden de arresto en su contra. Hasta hoy, nadie ha intentado detenerlo. El mandatario sigue viajando, gobernando y ejerciendo poder como si la orden fuese un papel mojado. Quizá lo sea, dependiendo para lo que la haya usado…
Por desgracia —o por fortuna, según se mire—, la fuerza de las potencias bélicas ha hecho por el mundo mucho más que las sentencias de La Haya. La aplicación de la fuerza no es burocrática ni requiere 12 años de expedientes, apelaciones y dilaciones.
Estoy de acuerdo en que había que arrestar a Maduro y ejercer un control efectivo sobre las embarcaciones narco que salían de Venezuela. Sin embargo, es muy obvio que esa acción debió provenir de una autoridad internacional y no de la disposición de la Casa Blanca. Aunque en este caso sea lo correcto, a veces sus intereses no son lo jurídicamente más adecuado.
Partiendo del mismo criterio, hay que restablecer la democracia en Cuba y en otros países donde el pueblo sigue secuestrado por dictaduras. Aun así, no veo que la CIJ vaya a devolver la libertad a la isla, ni que proteja al pueblo de Corea del Norte o de Nicaragua. Aquí hay que ser efectivos; las sentencias que se quedan en papel mojado no cuentan.
En Venezuela, tanto la CIJ como la CPI ilustran esta tragedia con dolorosa claridad. La investigación denominada Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela, mejor conocida como Venezuela I, arrastra años de demoras, burocracia y nada que pueda considerarse una influencia positiva real. Lo digo con conocimiento de causa: además de experto, soy abogado representante de víctimas en ese expediente, por lo que les aseguro que pudo ser mucho menos lenta. Sigue en fase preliminar, sin imputaciones relevantes, sin órdenes de arresto e, incluso, muchas denuncias aún no han sido leídas siquiera.
La fuerza, por cruda que sea, tiene una virtud: ¡actúa, sí que actúa!
El derecho internacional, tal como está, solo promete y se ha vuelto una burla cruel para millones de seres humanos que esperan justicia (la cual no afecta a los poderosos).
Cuando por fin condenen a alguien —si es que alguna vez lo hacen—, tendrán que exhumar el cadáver para penalizarlo e indemnizar a los tataranietos de las víctimas.
O la CIJ, la CPI, la ONU, entre otras, se reforman de raíz —con plazos cortos, ejecución automática y menos reverencia a una soberanía que solo sirve de escudo a la barbarie— o seguirán siendo el ejemplo clásico de resultado cuando la política termina sometiendo al derecho. Así terminan todas las instituciones de justicia que se politizan, pues el mundo real sigue gobernado por quien tiene el poder y, en este caso, los misiles.
Madrid 21 de abril de 2026